La lucha por poner fin a la discriminación contra las minorías en los Estados Unidos se ha desarrollado, sobre todo, en los tribunales de justicia, en las legislaturas estatales y en el Congreso. Estos esfuerzos han tenido éxito por dos razones. Una de ellas es el estado de derecho y la convicción predominante del pueblo estadounidense de que, aun cuando un individuo o grupo no esté de acuerdo con las conclusiones de los tribunales o las legislaturas al crear políticas, los ciudadanos están obligados a obedecer esas políticas. Si no están de acuerdo con una política o una ley, cabildean en las legislaturas e interponen demandas en las cortes, en vez de causar alborotos en las calles.

La segunda razón es que la religión cívica de los Estados Unidos, tal como está contenida en la Constitución, la Declaración de Independencia y una larga tradición de legislaturas y tribunales, sostiene que todas las personas han sido creadas iguales y tienen derecho al mismo grado de protección bajo la ley. Aun en caso de que a algunos estadounidenses, en forma individual, no les agraden determinados grupos por el color de su piel, su estilo de vida o su idioma, el credo generalizado de la igualdad de los individuos obliga a los norteamericanos a confrontar sus propios prejuicios. Pese a que la nación no se ha librado aún de su historia de discriminación contra ciertos grupos, a la postre se ha comprometido públicamente a poner fin a todos los vestigios de prejuicios raciales y de otro tipo.

A pesar de que estas dos convicciones –del estado de derecho y de la igualdad individual– pueden estar muy relacionadas con la experiencia histórica de los Estados Unidos, la regla general es aplicable en todas partes: los individuos deben ser tratados en un plano de igualdad bajo la ley. Si no es así, la nación se estará exponiendo a un conflicto civil.

Fuente: Programas de Información Internacional http://usinfo.state.gov/espanol/infousa/govt/files/democ/demo11.htm