Bajo la influencia de esas inquietudes, Estados Unidos ha ampliado poco a poco los tipos de discriminación que ya no está dispuesto a tolerar y ataca en la en arena judicial, legislativa y ejecutiva, y también en el tribunal de la opinión pública. La campaña contra la esclavitud y sus vestigios ha sido la más frustrante y larga de todas. Cuando el país festejaba el bicentenario de la creación de su Constitución, en los años 80, Thurgood Marshall, elegido en 1967 como el primer afro-estadounidense que llegó a ser miembro de la Corte Suprema de la nación, declaró que la gente de su raza tenía pocos motivos para aplaudir la promulgación de la Constitución original. Lejos de eso, dijo Marshall, los afro-estadounidenses deberían reservar sus elogios para la 13ª, 14ª y 15ª Enmiendas a la Constitución, los decretos de la Guerra Civil y de la época de la Reconstrucción en contra de la esclavitud y la discriminación en el voto y otras esferas de la vida nacional.

Se puede argumentar que el magistrado Marshall acertó en muchos aspectos. Después de todo, la Constitución original de 1787 dispuso que un esclavo contara como tres quintas partes de una persona al determinar la población de cada estado y, por ende, el número de sus delegados en la Cámara de Representantes, es decir, la cámara baja del Congreso nacional. La Constitución contenía también una disposición que prohibió hasta 1808 la aprobación de cualquier enmienda o estatuto que restringiera la importación de esclavos, y garantizó a los dueños de éstos la devolución de los esclavos fugitivos, aunque éstos hubieran huido a estados donde la esclavitud estuviera proscrita por la ley. Más aún, en vísperas de la sangrienta Guerra Civil de la nación por la causa de la esclavitud y otros temas conexos, la Corte Suprema resolvió, en el caso Dred Scott vs. Sandford (1857) que los afro-estadounidenses, libres o esclavos, no eran ciudadanos de los EE.UU. y estaban excluidos de los derechos que la Constitución otorga al ciudadano.

Después de la Guerra Civil, el Congreso aprobó y los estados ratificaron una serie de enmiendas a la Constitución, a fin de garantizar todos los derechos de ciudadanía a los ex esclavos liberados durante la guerra por medio de la Proclamación de Emancipación del presidente Lincoln en 1863. La disposición clave de la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, es: “Ningún estado formulará ni pondrá en vigor ley alguna que menoscabe los privilegios o prerrogativas de los ciudadanos de los Estados Unidos; así mismo, ningún estado podrá privar de la vida, la libertad o la propiedad a una persona, sin el debido proceso de ley; tampoco podrá negar la protección de las leyes en un plano de igualdad a persona alguna en su jurisdicción”. La aprobación y aplicación inicial de esas enmiendas de la Reconstrucción sólo puso un alto parcial y temporal a la discriminación contra las minorías en los EE.UU. En el ejercicio de sus facultades para poner en vigor las disposiciones de las enmiendas, el Congreso aprobó varios estatutos importantes sobre derechos civiles. La Ley de derechos Civiles de 1875, por ejemplo, prohibió la segregación o discriminación racial en transportes públicos, hoteles y teatros. No obstante, aun el Congreso que aprobó la 14ª Enmienda autorizó la segregación en las escuelas de Washington, D.C., la capital de la nación. Más aún, a medida que el entusiasmo nacional por la Reconstrucción fue decayendo en las décadas de 1870 y 1880, la Corte Suprema interpretó con demasiada estrechez o, alegando inconstitucionalidad, suprimió esas leyes de derechos civiles que el Congreso había adoptado.