Por supuesto, los afro-estadounidenses no han sido los únicos que han sufrido discriminación en los Estados Unidos. La historia del trato que este país ha dado a los norteamericanos nativos es igualmente lamentable. Durante años, el Congreso y los tribunales promovieron la expansión hacia el Oeste a expensas de los derechos de propiedad de los indígenas, confiscando sus tierras y aislándolos en reservaciones, a menudo en precarias condiciones de vida.    Empero, a la postre se concedió la ciudadanía y el derecho de voto a los indios. Además, a partir de la década de 1960 se movilizaron grupos indígenas de derechos civiles y obtuvieron victorias notables en la defensa de sus derechos sobre la tierra, la caza y la pesca, y aun en la protección de sus sitios funerarios y otros lugares sagrados. No obstante, en un caso importante ventilado en 1990, la Corte Suprema se negó a conceder su protección al uso ritual del peyote por algunas tribus, y concluyó que en los ritos religiosos es preciso acatar leyes penales que son neutrales en el aspecto religioso, como la regulación sobre drogas.

Aun cuando no son una minoría numérica en la población de la nación, las mujeres estadounidenses, como las de la mayoría de los países, han estado sometidas por tradición a gran variedad de impedimentos basados en suposiciones sobre el género. Antes de la adopción de la 19ª Enmienda a la Constitución de los EE.UU. en 1920, los tribunales admitían en forma rutinaria las leyes estatales que negaban a la mujer el derecho de voto. Un buen número de las resoluciones más antiguas se basaron en las leyes que prohibían a la mujer el ejercicio del derecho, la medicina y otras profesiones. De hecho, todavía en 1961, la Corte Suprema invocó una ley de Florida que excluía a la mujer del servicio en la judicatura, a menos que expresaran en forma específica su deseo de servir. Sin embargo, el sexo difícilmente parece ser más relevante que la raza, como una base justa para la distribución de los beneficios y las cargas del gobierno. Igual que los afroestadounidenses, las mujeres fueron excluidas larga y sistemáticamente del proceso político y, por ende, de la oportunidad de tener el control de su propio destino.

A partir de consideraciones de ese tipo, el Congreso incluyó el género entre las formas de discriminación en el empleo que prohíbe la Ley de Derechos Civiles de 1964. El título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972 prohibió la entrega de fondos federales a las escuelas que discriminen a sus estudiantes del sexo femenino. En ese mismo año y bajo la presión de la Organización Nacional para la Mujer (NOW por sus siglas en inglés) y otros grupos, el Congreso propuso a las legislaturas estatales la ratificación de la Enmienda sobre la Igualdad de Derechos (ERA), disponiendo que la “[i]gualdad de derechos bajo la ley no sea denegada ni coartada a causa del sexo, por el gobierno de los Estados Unidos o por el de cualquiera de los estados”, y confiriendo además al Congreso la facultad de ponerla en vigor. A la postre, la ERA no logró obtener la aprobación del número de estados requerido y la Corte Suprema se ha negado, en general, a equiparar las clasificaciones de género con las que se refieren a la raza. Sin embargo, la Corte descartó por primera vez una ley sexualmente discriminatoria en 1971, basándose en el principio de “igual protección”, y muy pocos años después, la Corte concluyó por mayoría de votos que las leyes basadas en el género eran “casi sospechosas” y sólo debían ser invocadas con validez si tenían un vínculo sustancial con intereses importantes del gobierno. En vista de que sólo las mujeres pueden quedar embarazadas, el controvertido derecho de aborto reconocido en el caso Roe vs. Wade (1973) es interpretado también por muchas mujeres como una salvaguardia contra la discriminación basada en el género y como una garantía del derecho individual a lo confidencial.

En términos generales, Estados Unidos ha sido más renuente a prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o a reconocer el derecho de los adultos a tener relaciones homosexuales por voluntad propia. Un buen número de ciudades, condados o estados han incluido la preferencia sexual entre las formas de clasificación prohibidas, y unos cuantos han llegado al extremo de reconocer el matrimonio entre homosexuales. En el caso Romer vs. Evans (1996), una mayoría de 6 a 3 en la Corte Suprema esgrimió la tesis de “igual protección” para descartar una enmienda a la constitución estatal que prohibía todas las regulaciones actuales y futuras encaminadas a proteger a las personas de la discriminación basada en la preferencia sexual. Aun cuando no accedió a declarar a los homosexuales como una clase amparada por protección especial, la Corte condenó la enmienda como un inaceptable intento del estado de relegar a los homosexuales a la categoría de ciudadanos de segunda clase.

En 1971, la Corte de Burger declaró que la extranjería –condición jurídica en la que se hallan los inmigrantes ilegales– es constitucionalmente sospechosa y prometió someter a una revisión judicial estricta las leyes que hacen distinción entre los ciudadanos y los no ciudadanos de los EE.UU. En decisiones ulteriores rechazó leyes que concedían beneficios públicos sólo a los ciudadanos. Al mismo tiempo, los magistrados han aclarado que la promulgación de leyes federales que hagan distinciones entre ciudadanos y extranjeros será digna de mayor atención que la de sus homólogas estatales. Así mismo, reconocieron una excepción a la propuesta general de dar el mismo trato a ciudadanos y no ciudadanos, pues apoyaron varios reglamentos por los cuales los empleos públicos se deben reservar sólo para los ciudadanos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los veteranos y otros estadounidenses discapacitados han cabildeado en el Congreso en busca de protección contra la discriminación basada en esos impedimentos. En 1990, una coalición comprometida con esa legislación convenció al Congreso de aceptar la Ley sobre Estadounidenses Discapacitados (ADA por sus siglas en inglés). Después de definir a la persona discapacitada como la que padece una deficiencia física o mental que limita una o más de sus “actividades vitales”, la ley garantiza a esas personas el acceso a instalaciones públicas, oportunidades de empleo y servicios de comunicaciones, al tiempo que obliga a los empleadores y otros a hacer las adaptaciones necesarias para garantizar el logro de las metas de dicha ley. La ADA ha avanzado un gran trecho hacia la reducción de los obstáculos que los minusválidos encuentran en el empleo, la educación y otros entornos. Sin embargo, la Corte Suprema ha interpretado estrictamente esas disposiciones en algunas de sus resoluciones. Por ejemplo, en un caso de 1999, concluyó por mayoría que la ADA no podía obligar a una aerolínea a contratar pilotos miopes, a pesar de que su defecto pudiera corregirse.